El problema más importante, a mi entender es que lo propone Recalde y no la clase obrera organizada que es la verdadera creadora de toda la riqueza. En otro contexto, de avanzada, la discusión sobre la ganancia al interior de las fábricas resquebraja la concepción dominante de que el salario es de los trabajadores y las ganancias de los empresario y abre la posibilidad para dar el debate de a quién corresponde las ganancias y el control de la producción. Pero en otro contexto, de retroceso y con la clase despolitizada, una “participación en las ganancias” puede encubrir una política efectiva para aumentar la productividad o disfrazar a los trabajadores de “socios” con salarios bajos que oscilan al compás de las súper ganancias.
Los empresarios hacen cuentas y ven que si reparten un 10% quedará menos riqueza para su disfrute personal y el de sus familias o menos dinero para reinvertir. Y se oponen.
La CGT por su ideología y programa, dada su visión unilateral economicista de los problemas de la clase trabajadora (y también por su subordinación al partido gobernante en año preelectoral), se contentaría con un reparto moderado de las ganancias.
Más allá del “cuánto”. ¿Cómo consiguen los trabajadores esa “participación”? ¿Se trata de una participación en las ganancias conseguido a partir de un auge en la lucha de clases, que augura mayores avances? ¿O se trata, por el contrario, de una participación subordinada, que ata al trabajador aún más a la suerte de las empresas?
En la fundamentación del proyecto, más allá de toda fraseología igualitaria y de recursos a la gastada Doctrina Social de la Iglesia, Recalde afirma claramente que lo “que busca es estimular en el trabajador un mayor interés personal en la producción y en general en los resultados de su labor, incrementando su rendimiento y permitiéndole además gozar proporcionalmente de los frutos de su esfuerzo y dedicación.”
Es decir, una ley para aumentar la productividad del trabajo, en coincidencia con los intereses de las patronales, que desde Ford para adelante no dudaron en pagar “altos salarios” si ese era el costo de disciplinar a la mano de obra.
Una triste reedición jurídica del pacto social, que al menos tenía la virtud de ser firmado por los sindicatos y con ello llevar, de una u otra forma, el debate a los trabajadores. Con este proyecto se somete al Congreso de los empresarios una solución a la medida de sus necesidades, que no toca siquiera el punto más relevante del artículo 14bis que es el que establece “el control de la producción y colaboración en la dirección” por parte de los trabajadores.
Como era de esperar, este proyecto de ley fue rechazado y puso en estado de alerta a las cámaras empresarias quienes aseguran que la aprobación de esta ley sería sumamente negativa para la performance de la economía argentina y pondría en riesgo el normal funcionamiento de las firmas afectadas. Además, según ellos, le atribuiría un poder sin precedente a los sindicatos.
Por otro lado, la iniciativa ha sido recibida con agrado no solo por los sectores de izquierda, los sindicatos y el gobierno nacional sino que también por el principal partido de la oposición. Un argumento normativo es que esta participación de los trabajadores es considerada una herramienta válida de redistribución del ingreso desde los capitalistas hacia los asalariados. Más importante que esto y desde el punto de vista del análisis positivo, los impulsores de la ley aseguran que no solo no perjudicaría el funcionamiento de las firmas sino que las haría más productivas dado el mayor compromiso de los trabajadores con los objetivos de las firmas.
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